Enfrentarse a una investigación penal en un país cuyo idioma y sistema jurídico quizá no conozca resulta intimidante. La buena noticia es que el procedimiento penal español otorga a las personas investigadas derechos sólidos y claramente definidos, y la mayoría de esos derechos le amparan sea cual sea su nacionalidad. La parte más difícil para los extranjeros es ejercerlos en la práctica, con frecuencia bajo presión y en español.
Tanto si ha sido detenido durante unas vacaciones, está siendo investigado mientras reside en España o ha recibido una citación judicial tras regresar a su país, las protecciones esenciales del derecho penal español se aplican por lo general a todos, residentes y visitantes por igual. Las normas y los procedimientos evolucionan con el tiempo, de modo que considere esto un contexto general y no asesoramiento sobre su caso concreto.
¿Tienen los extranjeros los mismos derechos?
En general, sí. Si es sospechoso de un delito en España, las garantías fundamentales de la Constitución española y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se le aplican del mismo modo que a los nacionales españoles. Sus derechos no dependen de su pasaporte. Lo que más importa es que los comprenda y los utilice desde el primer momento:
- El derecho a guardar silencio y a no declarar contra uno mismo.
- El derecho a un abogado, incluido un abogado de oficio si no puede designar uno propio.
- El derecho a un intérprete gratuito si no domina el español lo suficiente para seguir el procedimiento.
- El derecho a que se le informe, en una lengua que comprenda, de aquello de lo que se le acusa.
Si es nacional extranjero, también tiene por lo general derecho a que se informe a su consulado de su detención. Un proceso penal puede repercutir en su situación de residencia o en su futura entrada en España y en el espacio Schengen, de modo que las cuestiones penales y de extranjería suelen estar conectadas y conviene examinarlas conjuntamente.
Si es detenido o privado de libertad
La detención policial en España está sujeta a estrictos límites temporales: por regla general solo puede mantenerle privado de libertad el tiempo necesario para practicar las diligencias, hasta un máximo fijado por la ley, transcurrido el cual debe ponerle en libertad o conducirle ante un juez. Mientras esté bajo custodia debe informársele de sus derechos por escrito en una lengua que comprenda. Lo más importante que debe recordar es que no está obligado a declarar, y suele ser prudente no decir nada sustancial hasta haber hablado en privado con un abogado.
Se le asigna automáticamente un abogado de oficio si no dispone de uno propio, y estará presente durante el interrogatorio. Tiene derecho a una entrevista confidencial con su abogado antes de ser interrogado. Sea prudente al firmar cualquier cosa que no haya comprendido por completo, y nunca dé por hecho que una conversación informal con la policía sea «extraoficial».
Cómo avanza un proceso penal
El procedimiento penal español se articula en torno a un juez instructor, más que en torno a un juicio puramente contradictorio desde el inicio. La mayoría de los casos pasan por una fase de investigación (instrucción) a cargo de un Juzgado de Instrucción, que reúne las pruebas, oye al investigado y decide si hay elementos suficientes para continuar. Si el caso avanza, pasa a un tribunal distinto para el juicio oral, donde se deciden la culpabilidad y la pena.
- Por lo general se le comunicará formalmente que está siendo investigado (la condición que suele denominarse investigado).
- Tiene derecho a participar en la investigación a través de su abogado, a proponer pruebas y a impugnar lo que se reúna.
- El Ministerio Fiscal representa al Estado; en algunos casos también es posible una acusación particular ejercida por la presunta víctima.
- Los asuntos menos graves siguen procedimientos más rápidos y simplificados, mientras que los más graves se ventilan ante un tribunal superior.
Esta estructura implica que las decisiones adoptadas pronto —en la fase de instrucción— pueden condicionar todo lo que sigue, razón por la cual contar con una representación adecuada desde el principio es tan importante.
Intérpretes e idioma
Tiene derecho a la asistencia gratuita de un intérprete durante todo el procedimiento si no comprende o no habla el español (o la lengua cooficial correspondiente), y a la traducción de los documentos esenciales de su caso. No renuncie a este derecho para parecer cooperador o para acelerar las cosas. Los malentendidos sobre lo que se le pregunta, o sobre aquello con lo que está conforme, son uno de los mayores riesgos que afrontan los extranjeros, y una traducción precisa de la acusación y de las pruebas puede ser decisiva. Si un intérprete no es claro o usted no sigue lo que ocurre, hágalo constar.
Fianza, prisión provisional y viajes
Mientras un caso está en curso, el tribunal puede imponer medidas cautelares para asegurar su comparecencia y que no interfiera en la investigación. Estas van desde la libertad con condiciones hasta, en los casos más graves, la prisión provisional. Entre las condiciones habituales figuran:
- Una fianza o garantía económica fijada por el tribunal.
- La obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado y de facilitar un domicilio a efectos de notificaciones.
- La retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país.
- Restricciones de contacto con presuntas víctimas o testigos.
Para los extranjeros, el riesgo de que se les retire el pasaporte o se les prohíba salir de España es una preocupación práctica seria, y estas medidas pueden impugnarse o revisarse. Del mismo modo, si reside en el extranjero, salir del país sin resolver sus obligaciones puede convertir un caso manejable en uno mucho peor, incluido el riesgo de una orden de busca y captura. Un abogado puede defender las condiciones menos restrictivas y disponer su representación si no puede permanecer en España durante todo el proceso.
Juicio, condena y recursos
Si su caso llega a juicio, la acusación debe probar el cargo y usted se beneficia de la presunción de inocencia. Puede declarar, pero no se le puede obligar a hacerlo, y su silencio no puede tratarse como prueba de culpabilidad. Muchos casos se resuelven antes del juicio o durante este mediante un acuerdo negociado (la conformidad), en el que un reconocimiento a cambio de una pena reducida o pactada puede convenir a sus intereses; pero solo tras un asesoramiento cuidadoso, porque las consecuencias, incluidas las relativas a su situación de extranjería, pueden ser duraderas. Si es condenado, existen vías para recurrir ante un tribunal superior dentro de plazos definidos, que pueden ser breves, de modo que el momento de actuar es inmediato y no más adelante.
Qué hacer si le acusan
Si descubre que está siendo investigado o ha sido citado, acusado o detenido, unos pocos pasos protegen su posición:
- Guarde silencio sobre el fondo hasta haber hablado en privado con un abogado.
- Insista en un intérprete si no se desenvuelve con total comodidad en español, y no firme aquello que no comprenda.
- Conserve todos los documentos. Guarde cualquier citación, acta de detención, documento judicial, así como los nombres de los agentes y los números de procedimiento.
- Busque asesoramiento pronto. Las decisiones en la fase de instrucción y los plazos para recurrir o impugnar medidas pueden ser implacables.
- Piense también en la extranjería. Una condena, o incluso un caso en curso, puede afectar a su permiso de residencia y a sus viajes futuros.
Actuar con rapidez es mucho más seguro que esperar a ver qué ocurre, sobre todo a través de fronteras, donde una comparecencia perdida puede agravar el caso.
Hacerlo bien
El procedimiento penal español otorga a los extranjeros protecciones reales y exigibles: el derecho al silencio, a un abogado, a un intérprete y a la presunción de inocencia. Pero el sistema avanza con rapidez en algunos tramos, las primeras decisiones importan enormemente y las consecuencias de un proceso penal pueden alcanzar su derecho a permanecer en España o a regresar. Dado que tanto depende de los hechos concretos, de la fase en que se encuentra su caso y de su situación de extranjería, el paso más seguro cuando están en juego su libertad o su futuro es hablar con un abogado penalista cualificado en España que pueda examinar su situación y actuar conforme a las normas vigentes antes de que decida qué hacer.